La Unión Europea está trabajando en un nuevo Reglamento contra la morosidad para abordar las deficiencias de la actual Directiva.
Se busca resolver problemas como la falta de medidas preventivas, aplicación efectiva y mecanismos de reparación accesibles para las pymes. Esto es crucial para lograr los objetivos de promover la estabilidad económica, proteger a los proveedores y pequeñas empresas, estimular la inversión y el crecimiento económico, mejorar la competitividad y fortalecer la confianza en el sistema financiero de la UE.
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Homogenización de Normativas sobre Morosidad:
- La presencia de diversas normativas en cada país dificulta el comercio transfronterizo y genera desigualdades. El nuevo Reglamento busca establecer un marco legal coherente en toda la UE, evitando discrepancias en plazos de pago y medidas contra empresas morosas.
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Presentación y Desarrollo del Reglamento:
- La Comisión Europea es la encargada de presentar y desarrollar el Reglamento contra la morosidad, trabajando en colaboración con Estados miembros y partes interesadas para asegurar su adecuación a las necesidades empresariales.
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Fechas de Aprobación y Entrada en Vigor:
- Las fechas específicas de aprobación y entrada en vigor no se detallan, pero se establece que entraría en vigor doce meses después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. El proceso legislativo puede durar entre seis y nueve meses, anticipando que las medidas no estarán en vigor antes de 2025.
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Pago en un Máximo de 30 Días:
- Se propone que las empresas paguen en un máximo de 30 días, reduciendo los plazos de los 60 días actuales. Esto busca mejorar los flujos de efectivo, evitar problemas financieros y fortalecer las relaciones comerciales.
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Sanciones para Empresas Morosas:
- El Reglamento establece medidas como una compensación fija de 50 euros por transacción comercial con plazo vencido y la aplicación automática de intereses de demora en caso de exceder los 30 días de pago. Se mencionan sanciones adicionales, como multas, pérdida de beneficios o contratos, y restricciones en actividades comerciales, aplicables según la legislación nacional y políticas de cada Estado miembro.